Por su importancia transcribo integra* la iniciativa para reformar el artículo 41 constitucional y el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Prácticamente la iniciativa de ¡Ya Bájenle! ¡Menos dinero a partidos! está contenida en el proyecto de reforma. Falta mucho, pero sin duda es un gran paso.
Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo y se derogan los incisos a), b) y c) y los dos últimos párrafos de la fracción II todos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El suscrito, Tomás Torres Mercado, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo y se derogan los incisos a), b) y c) y los dos últimos párrafos de la fracción II todos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestra legislación electoral contempla un sistema de financiamiento a los partidos políticos mixto, es decir que reciben tanto fondos públicos como privados para financiar sus campañas electorales y para sufragar sus gastos de funcionamiento ordinario. La reforma de 1996 mantuvo el sistema de financiación mixto y propuso la fórmula que esta vigente hasta ahora: 90% de los recurso(s) que reciben los partidos sale de las arcas públicas.
En este esquema, para las pasadas elecciones de julio, se destinaron 3 mil 730 millones de pesos a la operación y campaña de los partidos que participaron, casi la misma cantidad de dinero que se destinará en el 2010 para la formación básica (3 mil 954 millones) y mucho mayor de la destinada para la media superior (750 millones de pesos).
Las elecciones, todos los gastos comprendidos, costaron 12 880 millones de pesos para que 77 millones 815 electores registrados pudieran votar; de ellos votaron más de 34 millones, es decir que casi el 50% de los inscritos en el padrón electoral decidieron no salir a votar o anular su voto: el abstencionismo se ubicó en 43.74% mientras que el voto nulo llegó a 6.04%.
Estas cifras deberían de preocuparnos y de llamarnos a la reflexión: nuestra democracia electoral cuesta mucho dinero y atrae poco. En efecto, en una encuesta reciente realizada por la Secretaría de Gobernación, sólo 4% de la población confía en los partidos.
Ya se han levantado voces en la sociedad civil que exigen que los partidos gasten menos y que el presupuesto que se les asigna, que sale de los bolsillos de los mexicanos sea menor. Atendiendo a este llamado, nuestro compañero el Senador José González Morfín presentó una iniciativa para reformar la fórmula del financiamiento a los partidos políticos y una reducción del 50% del mismo. El Senador González Morfín propone retomar la fórmula vigente hasta 1996, en la que se establecía una composición de los ingresos anuales de los partidos basada en un 70 por ciento de financiamiento público y un 30 por ciento de aportaciones de simpatizantes y militantes.
Nos parece que reformar esa fórmula no va a contribuir más que a la opacidad del acceso de los partidos políticos al financiamiento y a abonar a la inequidad. Mientras no se cambien los mecanismos bajo los que se asigna el presupuesto público de los partidos políticos, estos seguirán la tendencia que los aleja cada vez más de la ciudadanía.
Lo que nos parece importante reformar, es el mecanismo con el que se otorgan los recursos públicos a los partidos políticos. Actualmente la cifra que se les destina se calcula en base en la cantidad de electores inscritos en el padrón electoral y lo que proponemos es que se calcule en base los votos válidos emitidos, es decir la votación nacional emitida.
Este cambio tendrá consecuencias en dos sentidos. Primero, hará el padrón electoral más confiable, pues no habrá interés en mantenerlo inflado para elevar los recursos públicos de los partidos. Un problema que actualmente se expresa en la diferencia que existe entre los datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y los datos del Registro Federal de Electores, en relación a los mayores de 18 años que hay en nuestro país. CONAPO calcula alrededor de 70 millones y en el padrón hay más de 77 millones de electores inscritos. Es decir, hoy los partidos político(s) reciben más de $250 millones de pesos que no deberían de recibir, incluso bajo la fórmula actual.
La segunda consecuencia, de aprobarse la presente iniciativa, sería sobre los incentivos que hoy tienen los partidos políticos para acercarse a la ciudadanía. Hoy reciben financiamiento público sin importar su capacidad para convencer a los votantes de ir a las urnas. El cambio que proponemos haría que los partidos redoblaran esfuerzos para acercarse al electorado al tomar en cuenta que la disponibilidad que tengan de recursos públicos dependerá de combatir el abstencionismo y no sólo orientar sus campañas a lo que se conoce como el “voto duro”.
Entonces, volviendo a las cifras que dábamos al inicio, en efecto el presupuesto destinado a los partidos políticos se reduciría considerablemente ya que se basaría en el 50.22% del padrón, es decir en los más de 34 millones de votos válidos que se emitieron y ya no en los más de 77 millones de electores inscritos en el padrón.
No perdamos de vista que a la democracia electoral la hace justamente el electorado, los ciudadanos que hoy desconfían profundamente del trabajo de los partidos políticos y de los representantes populares. Que ven en el financiamiento público un botín que sale de los impuestos que todos los mexicanos pagamos y que se destina al beneficio de unos cuantos. De hecho según una encuesta publicada por periódico El Universal aparecida el 10 de noviembre pasado al 91% de los encuestados le parecería bien reducir el gasto de los partidos políticos.
Otra encuesta elaborada por el Gabinete de Comunicación Estratégica el 12 de noviembre en la Zona Metropolitana del Distrito Federal muestra que el 33% de los encuestados consideran que reducir el presupuesto de los partidos políticos es aun más importante que “darle más dinero a la educación (30.2%) o el combate a la pobreza (29.6%).
Si los partidos políticos no somos capaces de atraer más que al 50.22% de los votos del electorado, entonces debemos de trabajar más y mejor para poder atraer al 49.78% restante. El dinero no es lo que atrae a más votantes, son las ideas, el debate y las propuestas. Se trata pues de hacer de los institutos políticos entidades públicas más dinámicas y competitivas.
De la misma manera consideramos que no es necesario que la fórmula y los montos del presupuesto público destinado a los partidos políticos esté definido a nivel constitucional. No hay (ninguna) otra asignación de recursos establecida en nuestra Carta Magna, y por ello constituye un injustificado privilegio que no gozan rubros tan importantes para la sociedad como salud y educación.
Las condiciones económicas que hoy sufre nuestro país, las están sufriendo todas y todos los mexicanos, no hay razón alguna para que los institutos políticos queden “blindados” constitucionalmente ante los vaivenes de la economía o la negociación presupuestal. Si queremos la confianza de las y los ciudadanos, entonces ganémonosla, tratándolos con el respeto que implica reconocernos unos a otros como iguales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Primero.- Se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 41.
I. (…)
II. (…)
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo que disponga la ley.
a) Se deroga.
b) Se deroga.
c) Se deroga.
III. (…)
IV. (…)
V. (…)
VI. (…)
Segundo.- Se reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
Artículo 78.-
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes:
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:
El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de votos válidos emitidos, es decir la votación nacional emitida, en la elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal;
(…)
(…)
(…)
(…)
2.
3.
4.
5.
Dado en el Senado de la República a los días del mes de noviembre de 2009
Nota: Con fundamento en Las Reglas Provisionales en Relación con la Gaceta del Senado de la Junta de Coordinación Política de fecha 11 de octubre del año 2006, por el que se crea la Gaceta del Senado y con base en la Regla Segunda, inciso cuatro de ese ordenamiento, la publicación impresa de la Gaceta del Senado y la que aparece en medios electrónicos, tiene sólo propósitos informativos y no genera consecuencias jurídicas fuera del propio Senado.
*Texto vía blog Esperanza Marchita.
Foto Flickr: carlosjaime11
Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo y se derogan los incisos a), b) y c) y los dos últimos párrafos de la fracción II todos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El suscrito, Tomás Torres Mercado, Senador integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXI Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo y se derogan los incisos a), b) y c) y los dos últimos párrafos de la fracción II todos del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestra legislación electoral contempla un sistema de financiamiento a los partidos políticos mixto, es decir que reciben tanto fondos públicos como privados para financiar sus campañas electorales y para sufragar sus gastos de funcionamiento ordinario. La reforma de 1996 mantuvo el sistema de financiación mixto y propuso la fórmula que esta vigente hasta ahora: 90% de los recurso(s) que reciben los partidos sale de las arcas públicas.
En este esquema, para las pasadas elecciones de julio, se destinaron 3 mil 730 millones de pesos a la operación y campaña de los partidos que participaron, casi la misma cantidad de dinero que se destinará en el 2010 para la formación básica (3 mil 954 millones) y mucho mayor de la destinada para la media superior (750 millones de pesos).
Las elecciones, todos los gastos comprendidos, costaron 12 880 millones de pesos para que 77 millones 815 electores registrados pudieran votar; de ellos votaron más de 34 millones, es decir que casi el 50% de los inscritos en el padrón electoral decidieron no salir a votar o anular su voto: el abstencionismo se ubicó en 43.74% mientras que el voto nulo llegó a 6.04%.
Estas cifras deberían de preocuparnos y de llamarnos a la reflexión: nuestra democracia electoral cuesta mucho dinero y atrae poco. En efecto, en una encuesta reciente realizada por la Secretaría de Gobernación, sólo 4% de la población confía en los partidos.
Ya se han levantado voces en la sociedad civil que exigen que los partidos gasten menos y que el presupuesto que se les asigna, que sale de los bolsillos de los mexicanos sea menor. Atendiendo a este llamado, nuestro compañero el Senador José González Morfín presentó una iniciativa para reformar la fórmula del financiamiento a los partidos políticos y una reducción del 50% del mismo. El Senador González Morfín propone retomar la fórmula vigente hasta 1996, en la que se establecía una composición de los ingresos anuales de los partidos basada en un 70 por ciento de financiamiento público y un 30 por ciento de aportaciones de simpatizantes y militantes.
Nos parece que reformar esa fórmula no va a contribuir más que a la opacidad del acceso de los partidos políticos al financiamiento y a abonar a la inequidad. Mientras no se cambien los mecanismos bajo los que se asigna el presupuesto público de los partidos políticos, estos seguirán la tendencia que los aleja cada vez más de la ciudadanía.
Lo que nos parece importante reformar, es el mecanismo con el que se otorgan los recursos públicos a los partidos políticos. Actualmente la cifra que se les destina se calcula en base en la cantidad de electores inscritos en el padrón electoral y lo que proponemos es que se calcule en base los votos válidos emitidos, es decir la votación nacional emitida.
Este cambio tendrá consecuencias en dos sentidos. Primero, hará el padrón electoral más confiable, pues no habrá interés en mantenerlo inflado para elevar los recursos públicos de los partidos. Un problema que actualmente se expresa en la diferencia que existe entre los datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y los datos del Registro Federal de Electores, en relación a los mayores de 18 años que hay en nuestro país. CONAPO calcula alrededor de 70 millones y en el padrón hay más de 77 millones de electores inscritos. Es decir, hoy los partidos político(s) reciben más de $250 millones de pesos que no deberían de recibir, incluso bajo la fórmula actual.
La segunda consecuencia, de aprobarse la presente iniciativa, sería sobre los incentivos que hoy tienen los partidos políticos para acercarse a la ciudadanía. Hoy reciben financiamiento público sin importar su capacidad para convencer a los votantes de ir a las urnas. El cambio que proponemos haría que los partidos redoblaran esfuerzos para acercarse al electorado al tomar en cuenta que la disponibilidad que tengan de recursos públicos dependerá de combatir el abstencionismo y no sólo orientar sus campañas a lo que se conoce como el “voto duro”.
Entonces, volviendo a las cifras que dábamos al inicio, en efecto el presupuesto destinado a los partidos políticos se reduciría considerablemente ya que se basaría en el 50.22% del padrón, es decir en los más de 34 millones de votos válidos que se emitieron y ya no en los más de 77 millones de electores inscritos en el padrón.
No perdamos de vista que a la democracia electoral la hace justamente el electorado, los ciudadanos que hoy desconfían profundamente del trabajo de los partidos políticos y de los representantes populares. Que ven en el financiamiento público un botín que sale de los impuestos que todos los mexicanos pagamos y que se destina al beneficio de unos cuantos. De hecho según una encuesta publicada por periódico El Universal aparecida el 10 de noviembre pasado al 91% de los encuestados le parecería bien reducir el gasto de los partidos políticos.
Otra encuesta elaborada por el Gabinete de Comunicación Estratégica el 12 de noviembre en la Zona Metropolitana del Distrito Federal muestra que el 33% de los encuestados consideran que reducir el presupuesto de los partidos políticos es aun más importante que “darle más dinero a la educación (30.2%) o el combate a la pobreza (29.6%).
Si los partidos políticos no somos capaces de atraer más que al 50.22% de los votos del electorado, entonces debemos de trabajar más y mejor para poder atraer al 49.78% restante. El dinero no es lo que atrae a más votantes, son las ideas, el debate y las propuestas. Se trata pues de hacer de los institutos políticos entidades públicas más dinámicas y competitivas.
De la misma manera consideramos que no es necesario que la fórmula y los montos del presupuesto público destinado a los partidos políticos esté definido a nivel constitucional. No hay (ninguna) otra asignación de recursos establecida en nuestra Carta Magna, y por ello constituye un injustificado privilegio que no gozan rubros tan importantes para la sociedad como salud y educación.
Las condiciones económicas que hoy sufre nuestro país, las están sufriendo todas y todos los mexicanos, no hay razón alguna para que los institutos políticos queden “blindados” constitucionalmente ante los vaivenes de la economía o la negociación presupuestal. Si queremos la confianza de las y los ciudadanos, entonces ganémonosla, tratándolos con el respeto que implica reconocernos unos a otros como iguales.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Primero.- Se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 41.
I. (…)
II. (…)
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo que disponga la ley.
a) Se deroga.
b) Se deroga.
c) Se deroga.
III. (…)
IV. (…)
V. (…)
VI. (…)
Segundo.- Se reforma el artículo 78 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
Artículo 78.-
1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes:
a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:
El Consejo General del Instituto Federal Electoral determinará anualmente el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: multiplicará el número total de votos válidos emitidos, es decir la votación nacional emitida, en la elección de diputados por mayoría relativa inmediata anterior, por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal;
(…)
(…)
(…)
(…)
2.
3.
4.
5.
Dado en el Senado de la República a los días del mes de noviembre de 2009
Nota: Con fundamento en Las Reglas Provisionales en Relación con la Gaceta del Senado de la Junta de Coordinación Política de fecha 11 de octubre del año 2006, por el que se crea la Gaceta del Senado y con base en la Regla Segunda, inciso cuatro de ese ordenamiento, la publicación impresa de la Gaceta del Senado y la que aparece en medios electrónicos, tiene sólo propósitos informativos y no genera consecuencias jurídicas fuera del propio Senado.
*Texto vía blog Esperanza Marchita.
Foto Flickr: carlosjaime11
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