lunes, 8 de septiembre de 2008

7 de Septiembre 1968


Un 7 de septiembre hace cuarenta años o cuando nadie quiere tomar su responsabilidad argumentando que la ley no se los permite, dejando de lado el “espíritu de la ley” para mañosamente someterlo a lo literalmente escrito. O viceversa; llevar al discurso la importancia de ese mismo espíritu de la leyes para quebrantar lo escrito y beneficiar al particular interés. Cuando, en nombre de la ley, no conviene buscar salidas políticas. Cuando para evitar compromisos se delega irresponsablemente. Cuando se simula para no hacer y se paralizan las acciones. Cuando el único camino que se le deja al gobernado es la desesperación y la frustración. En consecuencia, cualquier semejanza con el presente y su terca realidad le abrirá (y le abrió en 68) espacio a la impunidad, a la injusticia, al autoritarismo, al círculo vicioso…

El 4 de Septiembre de 1968 el Consejo Nacional de Huelga envió una carta a diferentes dependencias oficiales, incluyendo la presidencia de la República, para efectuar un diálogo público y encontrar solución al conflicto estudiantil.* Las respuestas que recibió el Consejo se conocieron para el día 7.

Una breve síntesis de aquellas respuestas de cada dependencia involucrada puede equipararse a la idea de alumnos asistentes a un examen sin conocimientos necesarios y lo peor; reciben respuestas dictadas de un profesor urgido de engañar a sus superiores. En primer lugar, la Secretaría de la Presidencia se quitó la bolita de encima y turnó la carta del CNH a la Secretaría de Gobernación, al Departamento del Distrito Federal, a la Procuraduría General de la República y a la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales. Luego, la Secretaría de Gobernación le dio trámite invitando al Consejo Nacional de Huelga (con ese nombre aceptó a su interlocutor), para entablar un diálogo condicionado al intercambio de escritos que, según la propia secretaría, “revisten más seriedad y firmeza que las expuestas oralmente y queda constancia permanente de lo tratado.” En cuanto a “1. La libertad de las personas que ustedes llaman ‘presos políticos’ deberá tratarse con las autoridades judiciales competentes…2. El Poder Ejecutivo también carece de facultades para derogar leyes, como se está solicitando respecto del artículo 145 del Código Penal. Respecto a los puntos 3, 4, 5 y 6 de sus peticiones manifiesto a usted, que no corresponde a la legal competencia de la Secretaría de Gobernación.” Traducido esto al lenguaje llano, significaba que la pelota quedaba en cancha reglamentaria del Departamento del Distrito Federal.

El Departamento del Distrito Federal en su contestación al Consejo decía así en su primer párrafo: “…se formulan peticiones concretadas en seis puntos, algunas de las cuales por la naturaleza de su contenido, plantean situaciones que están fuera de las atribuciones legales de la autoridades de la ciudad…Primero. El llamado ‘Cuerpo de Granaderos’ no constituye una corporación independiente del resto de la policía preventiva del Distrito federal. Una ciudad no puede quedare sin policía preventiva…Segundo. Respecto a la solicitud de destitución del jefe y subjefe de la Policía Preventiva del Distrito Federal…las autoridades han manifestado estar en la mejor disposición de realizar investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. Tercero…tratar la posible indemnización a víctimas de los recientes trastornos del orden público siempre que…se trate de personas que no hayan tomado parte activa en los hechos violentos…Cuarto…practicar las diligencias necesarias.” En concreto, cero respuesta a cualquier punto.

Pero la PGR no podía quedarse atrás en la indiferencia y el desprecio al CNH. En un escueto comunicado ignora a los estudiantes. A nombre del procurador receta lo siguiente: “En debida respuesta, me permito manifestarle que toda persona o personas que tengan legítimo interés serán atendidas el día que lo soliciten, con sujeción al cupo de la institución y del tiempo adecuado…” Esto es: burocracia democráticamente justa; algo así como “tomen su boleto y hagan filas señores”. Y para la respuesta de la procu del DF; la misma gata con palabras revolcadas: “…en esta dependencia serán escuchadas las personas que con interés legítimo, por cuanto hace a lo conducente del pliego petitorio…manifiesten expresamente su deseo de que se examine la situación legal que confronten en los procesos que se les instruye por las autoridades penales del fuero común. Esto permitirá al Ministerio Público estar en actitud de decidir lo que proceda jurídicamente, por cuanto se refiere a la acción penal que le compete.”

Toda esa serie de argumentos legaloides, siempre disfrazados de legalidad, llevaban la intención de cansar, enfriar, distraer, engañar y radicalizar al movimiento. Una respuesta pública del Consejo para aquellas enredadas respuestas fue convocar a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas (el primero de tres), y manifestar su insatisfacción a la serie de simuladas respuestas que los sectores oficiales involucrados ofrecían para la petición de diálogo. En ese mitin (7 de Septiembre por la tarde), el uso de símbolos como la bandera de huelga fue otra vez utilizado en una abierta muestra de algunos líderes para seguir desgastando la imagen del movimiento y dar oportunidad a los medios para desprestigiar la lucha estudiantil. Por el lado positivo de ese mitin, fue el hecho de confirmar que Tlatelolco (conjunto de varios edificios habitacionales, más correctamente el complejo entero conocido como Nonoalco-Tlatelolco) en buena parte de su población siempre hubo afinidad con los estudiantes; el respaldo pasó en varias ocasiones a la defensa de los mismos contra la violencia de policías, granaderos y “porros”. Una cantidad desconocida pero significativa de vecinos en diferentes edificios de la zona siempre simpatizaron con los estudiantes e incluso apoyaron en forma de resistencia organizada la lucha emprendida por los que muy seguramente, algunos, eran sus hijos, hermanos, amigos o vecinos. Quizá una razón poco explorada para explicar la excesiva violencia ejercida contra Tlatelolco y sus habitantes en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de Octubre mucho tenga que ver con un miedo real del gobierno en seguir viendo crecer ese apoyo popular, según su óptica. Otra razón aún menos rastreada es una serie de resentimientos acumulados en la policía, granaderos y ejército por diferentes enfrentamientos en el lugar, durante el transcurso del movimiento y previos a octubre, donde constantemente se toparon con un apoyo fuerte y decidido a favor de los estudiantes por parte de habitantes del conjunto habitacional.

El continuo conflicto entre la pretensión de empantanar la lucha estudiantil con argumentos jurídicos y sus tiempos sujetos al “cupo de las instituciones” en contraste con la gran movilización política del estudiantado y su solicitud de respuesta a sus demandas se iba expresando en una realidad cada vez más polarizada. El lenguaje y el tono irían subiendo de intensidad en ambos lados. El 9 de Septiembre el rector de la universidad con un desplegado en prensa deja un llamado para serenar los ánimos: “Ningún problema político, por importante que sea, puede llevar a nuestra institución a desacreditarse ante la opinión popular, a ser tema de injurias y difamación, convertirse en campo abierto a lucha de facciones ni, para decirlo en pocas palabras, a que resulte la mayor víctima de un conflicto que ciertamente no provocó.” Un día después, el 10 de septiembre, el CNH en conferencia de prensa responde al rector el desplegado conocido como “Llamado a los Universitarios”, en dicha conferencia se denuncia la presión política a la que se estaba viendo sometido todo aquel que simpatizara con los estudiantes; desde luego el rector no era ajeno a ello. El mismo CNH el 10 de Septiembre hacía un presagio: “si las autoridades no aceptan el diálogo público, la respuesta será una represión masiva, para descabezar al movimiento, debido a la cercanía de la celebración de las Olimpiadas.” Los estudiantes pues, decidieron sostener la vía de la huelga y la movilización a través de mítines (11 de septiembre, uno en Ciudad Universitaria y otro el mismo día en el Casco de Santo Tomás, conjunto de escuelas pertenecientes al Politécnico) así como la de convocar para el 13 de septiembre a lo que sería su última demostración callejera en forma masiva; la Gran Manifestación del Silencio. Los estudiantes decidían seguir el camino de la política y el gobierno entraba a su lógica jurídica para justificar todo su accionar.

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